Cuando se persigue un pacto social amplio, por ejemplo en materia de educación, es importante primero generar un clima adecuado para el debate y sentar consensuadamente unos fundamentos sobre los que definir, conversación tras conversación, todos los detalles referentes a la profesión docente y lo que la rodea. Así nace, en 2015, el denominado como Libro Blanco de la Profesión Docente y su Entorno Escolar. Como dicen sus autores en el preámbulo, su objetivo "es presentar un conjunto de informaciones y propuestas seleccionadas, sintetizadas y ordenadas con rigor, que sirvan para iniciar un debate y ayudar a quienes deben tomar decisiones sobre un tema". Es decir, una especie de manual accesible para un público general elaborado por los expertos. Está centrado en la profesión docente en sí, aunque es complicado definirla sin entrar en algún detalle acerca de la escuela y de su entorno. ¿Sus autores? El filósofo y pedagogo D. José Antonio Marina, la teóloga, pedagoga y escritoria Dª Carmen Pellicer y un profesor del Departamento de Pedagogía de la UAM, Dr. Jesús Manso.
El documento se articula en un total de veinte propuestas, convenientemente justificadas desde un punto de vista pedagógico y ético. Las primeras cinco propuestas están orientadas a centrar las bases de cualquier sistema educativo coherente con los principios de este Libro Blanco, como las orientadas a los principios rectores (primera), las características del docente (segunda), al Centro y los programas de formación del profesorado (tercera), la formación del docente y los agentes de la actividad educadora (cuarta) y el Consejo Pedagógico del Estado (quinta). Las siguientes doce propuestas están orientadas a la profesión docente en sí misma: el prestigio de la profesión y sus condiciones (sexta), la formación del docente (séptima, octava y novena), la evaluación del docente (décima), los órganos de gobierno del centro (undécima), los Departamentos de Orientación Psicopedagógica (duodécima), la inspección educativa (decimotercera), servicios y profesionales auxiliares (decimocuarta), el progreso dentro de la carrera docente (decimoquinta), estructuración del sistema de investigación y formación educativa (decimosexta) y representación de los docentes (decimoséptima). Finalmente, tres propuestas están encaminadas hacia cómo gestionar el cambio educativo: campañas de sensibilización dirigidas a los docentes y a la sociedad (decimoctava) y el centro educativo como centro del cambio (docimonovena y vigésima).
De entre todas las propuestas realizadas, quizá la más polémica en su momento y que estuvo muy presente en los medios de comunicación nacionales fueron las relativas a la formación del docente (propuestas 7, 8 y 9, desarrolladas en el Capítulo 2 de la segunda parte, La profesión docente). En este capítulo se aboga por hacer atractiva la profesión docente a las mentes más capaces y con más vocación por la enseñanza, y de orientar la formación de estos futuros docentes desde muy temprana edad, incluso mediante talleres en los propios centros escolares antes de acceder a la universidad. Se busca detectar el talento y retenerlo, formándolo adecuadamente, para conseguir hacer de la profesión docente una profesión de excelencia.
Tras una formación universitaria básica en alguna de las especialidades de la Educación Secundaria, el itinerario de formación docente propiamente dicho empezaría con una prueba de acceso, que actualmente se realiza después de la formación. Esto permite optimizar los recursos formativos y asegurar el máximo aprovechamiento de los mismos por personas que se ha demostrado que son capaces de llevar a cabo la profesión docente en los términos marcados por el Libro Blanco. Tras un año de formación específica en materias de psicología, sociología y pedagogía (como existe ahora), en un Centro Superior de formación de Profesorado, el docente en formación se integraría en un centro como Docente en Prácticas (DEP) durante dos años, algo parecido a la residencia en medicina tras las pruebas de MIR. La formación del candidato se completaría de la mano de un profesor tutor con quien tendría un trato más bien cercano y le guiaría en situaciones de muy diversa índole que se irían presentando durante esos dos cursos académicos (y no como ahora, que la parte práctica dura menos de un trimestre). Tras esta formación de tres años se considerará que la formación está completa y el candidato estaría en disposición de acceder a la profesión docente.
Este plan de formación, aunque está bien pensado y estructurado, adolece de ciertos problemas que quizá hayan influido en el hecho de que hoy, octubre de 2021, aún no se haya podido implantar. Es una propuesta que requiere de la coordinación de muchos actores (administración, centros educativos, inspección, etc.) y la movilización de muchos recursos humanos y económicos. Aunque parten de antecedentes existentes, la creación de los Centros Superiores de Formación del Profesorado es algo complejo, sobre todo si se quieren implantar en distintos territorios del país. La regulación de qué profesores son adecuados y cuáles no para tutelar a los futuros profesores en prácticas presenta serios problemas ya que requieren, necesariamente, y entre otras cosas, tiempo de formación y de evaluación de los potenciales tutores candidatos (en caso de haberlos, en cuyo caso habría que buscar incentivos). La obligatoriedad de todo este trámite para los centros privados también es un obstáculo. No es lo mismo un CAP de unos meses o un máster de un año que todo un proceso formativo de 3 años de duración para unos centros que gozan de cierta libertad para contratar a los profesores que conforman su plantilla.
Lo que está claro es que este Libro Blanco pudo haber sido un buen germen de negociaciones en la dirección adecuada para alcanzar un Pacto de Estado. Por supuesto, deberían contemplarse más aspectos de la educación, no solo la profesión docente como tal. Solo el tiempo dirá si este Pacto del que tanto se habla en los medios últimamente llega a producirse o no.
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